Tras el accidente que cobró la vida de una joven estudiante universitaria, que falleció tras ser alcanzada por la hélice trasera del helicóptero donde se transportaba el Primer Ministro Pedro Cateriano y otros tres ministros, queda preguntarnos ¿quién es el responsable de dicha muerte?. 

Para absolver esta duda, entrevistamos al experto en seguridad ocupacional e industrial, Eduardo Garrido, quién explicó detalladamente lo sucedido y posibles sanciones.

Garrido, señala que se debe determinar que el accidente ocurrió dentro de un espacio de una obra pública, por lo que desde ya, existe una responsabilidad de la empresa contratada para la ejecución de la obra, de la institución que contrata y además de la persona que dio la orden para que el helicóptero descienda a una zona que no era segura.

Es decir, la empresa Tolmos, ganadora de la buena pro, para realizar los trabajos en la zona del accidente, incumplió con la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud, aprobada en diciembre del año pasado, en la que establece que toda obra pública o privada, con veinte o más trabajadores a su cargo deben constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento de dicha ley.

El reglamento dice, entre otras cosas, que es necesario enmallar la zona a trabajar para evitar accidentes laborales, además de la utilización de elementos de seguridad.

Es responsabilidad del residente de la obra, todo lo que pase dentro de ella. En este caso la joven y el helicóptero ingresaron a la zona donde se realizaba una obra, contratada por el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes – PEBPT, sin que se tengan las medidas de seguridad y señalización.

La falta de enmallado en la zona, permitió que este accidente cobrara la vida de Lina Zapata Feijoó (22), quién tuvo acceso irrestricto a la zona, donde también había maquinaria pesada realizando trabajo.

Según las sanciones, la empresa Tolmos, podría ser multada hasta con 700 mil soles y los responsables de la obra podrían ser acusados de homicidio doloso, con una pena no menor de 6 años de prisión efectiva, según dicta el código penal.

Además, podrían ser considerados civilmente responsables las autoridades del PEBPT y la persona que dio la orden de descenso del helicóptero, debido a que aterrizo en una zona insegura donde se ejecutaba una obra pública, que al parecer no contaba con un prevencionista (personal de seguridad laboral).

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral Sunafil, también tendría responsabilidad, al no haber inspeccionado debidamente los controles de seguridad en dichos trabajos.

Los padres de Linia, podrían además entablar una acción penal y civil contra aquellas personas que consideren responsables y solicitar una reparación, por la falta de seguridad en la zona.

Además el reglamento aeronáutico establece parámetros para el descenso de aeronaves como helicópteros, donde al parecer, se incumplió protocolos. La Fuerza Aérea y el Ejército, deberán hacer su propia investigación para dar con los responsables de esta situación.

También en la esfera política, el Premier Pedro Cateriano, deberá responder políticamente de su decisión de viajar en helicóptero a una zona próxima de la que estuvo, cuando este recorrido lo pudo realizar por tierra. Deberá detallar si fue él, que dio la orden de descenso y las coordinaciones previas para ello.

Como verán, existen muchos responsables y mucho por investigar, pero de seguro la muerte de Lina, no debe quedar impune, por mayor imprudencia que ella también pudo haber tenido