Las empresas farmacéuticas, siguen usando al Poder Judicial, como un espacio para legitimar monopolios que les permita obtener grandes ganancias con la enfermedad de miles de peruanos.
Actualmente existen en el mercado dos proveedores del producto Infliximab (Remsima y Remicade), medicamento biológico utilizado para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Ambos productos con calidad, eficacia y seguridad demostrada, y que se comercializan en países de alta vigilancia sanitaria como es la Unión Europea.
Sin embargo, el panorama cambió, debido a que el 5to juzgado en lo Contencioso Administrativo, que despacha la magistrada Lissett Monzón Valencia, ordenó la suspensión de la autorización de comercialización del competidor, en este caso Remsima, con lo que dejaría el mercado a un sólo proveedor.
La firma de la juez Monzón Valencia, en la resolución número cuatro que concede la medida cautelar a favor de la farmacéutica Jhonson & Jhonson, se realizó a pocas horas que el Poder Judicial, inicie su huelga laboral y rápidamente notificó a la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud, solicitando acatar su dictamen de suspender la autorización sanitaria de comercialización bajo apercibimiento de multa por 2 URP.
Esta situación es preocupante y sería irregular, pues bajo el argumento de no existir reglamento que regule los medicamentos biosimilares, es decir competidores que garantice la calidad seguridad y eficacia y, a pesar de saber que ambos productos fueron aprobados bajo la misma normativa, el juzgado ha ordenado la suspensión de la autorización de comercialización del competidor.
Se conoce que Essalud el 09 de diciembre estará invirtiendo 14 millones de soles en la compra de infliximab, adjudicándolo a la mejor propuesta presentada por los competidores, la cual no habrá porque ya no existe competencia.
Se calcula que el Estado Peruano podría ahorrarse aproximadamente 2.8 millones de soles, si hubiera competencia en el mercado, pero debido al fallo judicial, el dinero de todos los peruanos se irá a los bolsillos de las empresas multinacionales farmacéuticas.
Urge que el gobierno ponga orden en los poderes y que los lineamientos de las políticas públicas que mandan promover la competencia, conduzcan el accionara de dichas instituciones, permitir el uso eficiente de los recursos públicos, y mejorar el sistema de salud para todas y todos los peruanos.
Escribe: Javier Llamoza y Marlon Castillo.
